Todos los señalados como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela, han sido premiados y condecorados por el Estado , algunos Militares de alto rango quienes fueron los que ejecutaron el Plan Zamora que torturaron y asesinaron a cientos de manifestantes en el 2017 van cómo candidatos a diputada a la Asamblea Nacional para buscar lograr inmunidad y así intentar salvarse de la CPI. Les recuerdo lo siguiente: «La CPI y el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad».
El informe de la misión independiente de determinación de los hechos sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela de la ONU está logrando vencer los obstáculos que siempre colocó la Fiscal de la Corte Penal Fatou Bensaudade para que el informe del 2018 y el último año 2020 elaborado por la misión no pasara a la fase de aprobación del informe preliminar y no poder ejercer la presión al Estado violador sistemáticamente de los derechos humanos a procesar penalmente a los responsables.
Le puede interesar: #Opinión | El Estado es responsable de muertes de dos ancianos por desnutrición; por Rafael Narvaez
La CPI tiene la Facultad y Competencias para intervenir directamente a proceder la investigación a los responsables de tan horrendos Crímenes de lesa humanidad por ser el Estado venezolano signatario del Estatuto de Roma. Así lo manifestó el abogado defensor y coordinador de la defensa por los derechos civiles Rafael Narváez.
La Fiscal de la Corte penal internacional al afirmar que existen fundamentos Razonables para creer que hubo delitos de lesa humanidad, es un paso sumamente importante para la aprobación del informe preliminar e iniciar la investigación penal correspondiente siendo el primer caso latinoamericano procesado por la CPI.
Las detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, violencia sexual , asesinatos cometidos por el Estado contra manifestantes , miles de ejecuciones extra judiciales por parte de las FAES, la OLP reflejados en el informe 2018 y 2020 ,es una demostración que la violación sistemática de los DDHH es parte de una política publica que ejecuta el Estado para la aniquilación definitiva de las garantías constitucionales y los DDHH en Venezuela convirtiéndose en el mejor aliado de la Impunidad aseguró el director de la ONG Derechos Civiles.
El abogado defensor de los DDHH para finalizar, repudió y condenó la conducta reprochable el uso de la ayuda humanitaria lograda por Unicef para hacer campaña electoral catalogando esta acción como criminal.
