El 6 de diciembre de 2020 se llevará a cabo el evento electoral convocado por la administración de Nicolás Maduro, con el que se pretende renovar a los diputados de la Asamblea Nacional (AN), en medio de la pandemia mundial de Covid-19.
Más allá de que es un proceso propuesto por una directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) designada por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo, una de las principales amenazas de este llamado a elecciones es el riesgo de un alza en los contagios del coronavirus.
En su último informe sobre la Covid-19 en el país, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), proyectó 14.000 contagios diarios de la enfermedad para diciembre. La misma institución, junto a otras seis Academias del país, aseguró, el pasado 1 de octubre, que «no hay condiciones sanitarias para la realización ni de eventos de masa ni de concentración de público en los próximos meses».
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A pesar de estos informes, el pasado 3 de noviembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), comenzó su campaña electoral con eventos multitudinarios en los estados Miranda y Monagas, así como en el Distrito Capital, con la participación de dirigentes como Héctor Rodríguez, Erika Farías y Diosdado Cabello.
La campaña, así como las elecciones parlamentarias, ocurren en un contexto de Estado de Alarma, decretado por el propio Nicolás Maduro y publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.519 de fecha 13 de marzo de 2020. El Artículo 12 de ese decreto, suspende “la realización de todo tipo de espectáculos públicos, exhibiciones, conciertos, conferencias, exposiciones, espectáculos deportivos y, en general, cualquier tipo de evento de aforo público o que suponga la aglomeración de personas».
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Medidas de seguridad
En el caso de Venezuela, la politiquería ha logrado opacar la realidad: el país enfrenta la peor crisis humanitaria, social y política en su historia, en medio de una pandemia y con centros de salud sin capacidad sobrellevar un repunte de los casos de coronavirus.
Según el infectólogo Julio Castro, en su artículo “Elecciones y pandemia”, el evento del 6-D “compromete a grupos que van desde el personal del CNE, pasando por funcionarios de la Fuerza Armada, hasta voluntarios de los partidos políticos y sociedad civil”.
En ese sentido, el pasado 9 de julio, la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó la “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia”, documento que establece algunas medidas de seguridad y prevención para celebrar procesos electorales en medio del contexto mundial actual.
En el documento, de 229 páginas, la OEA señala que “las autoridades deben ser conscientes de que el principal riesgo de una elección es que se convierta en una oportunidad de amplificación de la propagación de la covid-19 en el país”.
El organismo también sugirió que “los órganos electorales debieran consultar a fabricantes, así como con expertos y autoridades de salud, los riesgos que supone la tinta indeleble”.
La institución también recomendó el uso de paneles de acrílico para las mesas de votación, con la finalidad de evitar el contacto entre miembros de mesa y electores.
Sin embargo, un informe de la ONG Súmate indicó que, en los dos simulacros convocados por la administración de Nicolás Maduro, los funcionarios electorales no usaron correctamente el tapabocas en el 29.4 % de los Centros Pilotos. Por otro lado, en el 74.1% de los Centros Pilotos, la institución no observó distanciamiento físico.
El CNE informó, a mediados de octubre, las normas de seguridad que deberán cumplir los electores al momento de ejercer su derecho, entre las que se encuentran usar el tapaboca en el centro de votación y mantenerlo puesto durante todo el proceso. Igualmente, el organismo indicó que se suministrará gel antibacterial a los electores.
