El cuestionamiento de las conclusiones presentadas por la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto de las sanciones a Venezuela no se hizo esperar por parte de actores políticos de oposición.
Para los dirigentes, el informe preliminar expuesto este viernes por Alena Douhan, deja un número de imprecisiones y hace “la vista gorda” a temas como: “corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político”.
Miguel Pizarro, representante ante la ONU, desestimó el contenido expuesto y reiteró que “la crisis que sufre el país ha sido generada por Nicolás Maduro y las decisiones de la comunidad internacional son consecuencia de sus acciones”.
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Al mismo tiempo, pidió que se permita la entrada al país “a los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias y relatores sobre la tortura, ejecuciones extrajudiciales y libertad de expresión”.
Otro de los pronunciamientos, fue realizado por el Comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, quien a pesar que estuvo de acuerdo con el reconocimiento de la relatora en cuanto a la
persecución y hostigamiento contra la ONG y la sociedad civil.
También reprochó las conclusiones, “suponen un retroceso respecto de los avances alcanzados mediante los Informes de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, hallazgos que parece haber ignorado por completo por la Relatoría”.
En este mismo orden, el abogado y defensor de DDHH, Joel García, fijó posición ante las declaraciones de Douhan, “pareciera que la relatora de la ONU se vio con una sola cara de la moneda. Ella ya venía predispuesta a lo que hizo”.
Para García, resultó inconcebible que la funcionaria haya llegado al país “a comprar la narrativa del Gobierno venezolano”, y aseguró que no hubo reunión con representantes de organizaciones no gubernamentales y trabajadores humanitarios.
