El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, manifestó que la comunidad internacional está alarmada ante el golpe judicial del Tribunal Supremo de Justicia contra el Poder Legislativo. En ese sentido, Florido agradeció al Senado de Brasil la solicitud hecha a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, para que se active el Protocolo de Ushuaia y la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud del incumplimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro a las prácticas democráticas previstas en dichos instrumentos internacionales.
Florido, quien junto al diputado Williams Dávila, realizaron una gira parlamentaria en Brasil, destacaron que hoy Venezuela no está sola y el mundo está consciente del golpe judicial que pretende hacer el Tribunal Supremo de Justicia amañado por Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela. “Brasil es el primer país latinoamericano que plantea formalmente activar la Carta Democrática a Venezuela, hay suficientes razones para activar el Protocolo de Ushuaia y la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional ponen en riesgo la democracia venezolana”.
El parlamentario argumentó que el Protocolo de Ushuaia, suscrito por los países integrantes del Mercosur, incluye una “cláusula democrática” que establece sanciones o, incluso, la expulsión del bloque, de aquellos países miembros donde se quiebre el orden democrático.
Por otra parte, el diputado sostuvo que la Carta Democrática Interamericana, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, establece que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye “un obstáculo insuperable” para la participación de su gobierno en diversas instancias de la OEA.
La activación de la Carta Interamericana puede ser solicitada por cualquier Estado miembro de la OEA o por su secretario general. Y para que sea aprobada la activación, debe tener la aprobación de al menos las dos terceras partes de los miembros de la organización.
