Para Alonso Medina Roa, director de la ONG Foro Penal, «la tortura se ha institucionalizado en Venezuela», y con ella las arbitrariedades, por lo que «la situación del estado de derecho en en el país es compleja».
El activista recordó los números: 645 presos políticos por disentir del gobierno de Nicolás Maduro y 200 personas procesas ante tribunales militares. «Esto afecta el estado de derecho porque han sido procesadas por manifestar y participar en manifestaciones publicas», sentenció en entrevista exclusiva para VPI TV.
«En Venezuela no hay división de poderes, por lo tanto no puede haber estado de derecho». A juicio de Medina, tampoco hay justicia. «Los procesados en tribunales militares, por ejemplo, son manifestantes en protestas», es decir, civiles que deben ser llevados a tribunales civiles.
Además, Venezuela tiene «un saldo dramático en persecución política». 21 alcaldes de oposición están siendo perseguidos en este momento por el gobierno madurista.
Nuestro rol es denunciar, asistir y promover los derechos humanos. Tenemos un compromiso con los derechos fundamentales de los venezolanos.
Asimismo, se expresó en torno a la detención del capitán desertor de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano, capturado el pasado 11 de agosto. «Juan Carlos tiene más de 20 días detenido, sin visitas, con hermetismo generado por el oficialismo, y es un fiscal que tiene derecho a un proceso justo como cualquier venezolano».
«Nadie puede decir que ha visto a Caguaripano, es un prisionero de guerra, se le trata como a un prisionero de guerra, afirmó. El detenido es otro de los presos políticos del régimen que ha denunciado torturas y malos tratos, esta vez llevados hasta un tribunal que no ha escuchado sus denuncias.
El capitán fue capturado por la Policía de Sucre (en Caracas) a cinco días de que este militar protagonizara un asalto y confiscación de armas en el Fuerte Paramacay, estado Carabobo.
