El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela declaró como constitucional la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, con la que se busca desde el Estado «recuperar los bienes relacionados a la corrupción», en el marco de las investigaciones y detenciones contra funcionarios y empresarios.
La Sala Constitucional del TSJ emitió un escrito detallando que dicha ley «contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas».
El escrito jurídico, elaborado en el Parlamento electo en 2020, buscará entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial.
Desde la Asamblea ya en las diferentes discusiones se había aprobado la extinción de dominio de varios funcionarios detenidos en los últimos dos meses, uno de ellos el exministro de Educación Universitaria y legislador, Hugbel Roa.
«La extinción de dominio procederá, aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieren ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley», indica el escrito emanado por el TSJ.
Desde la administración de Maduro no se han entregado cifras respecto a los bienes y montos económicos de las diferentes tramas de corrupción que se han descubierto desde dentro del Estado, algo que ha sido discutido y exigido por líderes políticos opositores.
