A pesar de los decretos presidenciales emitidos desde 2021, la transferencia de la custodia de detenidos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp) sigue siendo una promesa incumplida, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«El control de la custodia jamás quedó totalmente a cargo del Min-Penitenciario», aseguró la organización, subrayando que estas instituciones continúan operando como “centros de represión y tortura”. El OVP recordó que tras un decreto presidencial el 12 de mayo de 2021, respaldado posteriormente por dos más, se estableció directrices para garantizar la transferencia de funciones, incluyendo el traslado de detenidos y la adecuación de instalaciones.
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Sin embargo, pese a las medidas, la organización señaló que la implementación «se quedó solo en los papeles, sin cambios reales», permitiendo que la custodia permanezca en manos de cuerpos policiales sin capacitación adecuada.
La denuncia destaca que instalaciones como El Helicoide, sede principal del Sebin, deberían haber sido transferidas completamente al MPPSP para garantizar condiciones de reclusión conformes al Código Orgánico Penitenciario (COP). Sin embargo, «la falsa implementación de estos decretos ha permitido que El Helicoide continúe funcionando como un centro de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes», indicó el OVP.
Informe de la ONU expone violencia sistemática en centros penitenciarios
La organización recordó que informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU han documentado prácticas de tratos crueles en estos centros, como «asfixia con bolsas plásticas, simulación de ahogamiento, aplicación de descargas eléctricas, palizas severas y violencia sexual». Estas acciones han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad dirigidos, según la Misión, a reprimir la disidencia política en el país.
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El Observatorio también subrayó que la falta de una normativa para el COP, promulgado en 2015 y reformado en 2021, agrava la crisis en el sistema penitenciario venezolano. «La ausencia de un reglamento dificulta el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad», afirmó, advirtiendo que esto genera inconsistencias en la administración de los recintos carcelarios, así como un aumento del hacinamiento y la precariedad en la atención médica.
Denuncian abuso de autoridad en el trato a familiares de detenidos
«El régimen ha pasado los límites de su abuso de autoridad», sostuvo el OVP, denunciando que las familias de los detenidos enfrentan constantes restricciones, como «la suspensión de visitas, requisas violentas, el cobro indebido por el paso de alimentos y escusas para negar información sobre los presos». La organización calificó esta situación como una estrategia para eludir las responsabilidades internacionales.
Por último, el OVP llamó la atención de organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional sobre la persistencia de estas violaciones, insistiendo en que «el Estado venezolano sigue incumpliendo con la transferencia real de la custodia penitenciaria», lo que refleja, a juicio de la organización, una falta de voluntad política y una incapacidad institucional para garantizar derechos básicos.
