El gobierno de Argentina anunció la prohibición de tratamientos de hormonización y cirugías para cambios de género en menores de 18 años. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, deroga un artículo de la Ley de Identidad sancionada en 2012, que permitía estas prácticas con el consentimiento de los padres o tutores.
Según el gobierno liderado por Javier Milei, esta decisión busca proteger a los menores de edad, quienes no poseen la madurez cognitiva suficiente para tomar decisiones sobre procesos irreversibles.
En un comunicado oficial, leído por el vocero Adorni, el Ejecutivo defiende que «la ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye abuso infantil».
Esta postura se enmarca en un debate más amplio sobre los derechos de la comunidad Lgbtiq+ y los límites de la autonomía en menores de edad. La medida ha generado reacciones encontradas, tanto a favor como en contra, en un contexto donde el tema de la identidad de género ha cobrado relevancia en la agenda pública.
El anuncio se produjo días después de la «Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista», realizada en Buenos Aires y otras ciudades del país. La movilización congregó a miles de personas en rechazo a declaraciones previas de Milei, quien durante su participación en el Foro Económico Mundial se refirió a los homosexuales como «pedófilos» y criticó lo que denominó «ideología de género». Estas declaraciones habían sido interpretadas por algunos sectores como un ataque directo a la comunidad LGBTIQ+.
La decisión del gobierno ha sido vista por algunos como una respuesta al creciente activismo de grupos que defienden los derechos de género y la diversidad sexual. Sin embargo, desde el oficialismo se insiste en que la medida está orientada a proteger a los menores de edad y no a restringir los derechos de la comunidad sexodiversa. Aún así, la prohibición ha reavivado el debate sobre el rol del Estado en la regulación de temas relacionados con la identidad de género y la autonomía personal.
Milei congruente con sus promesas políticas
Desde su campaña electoral, Javier Milei ha mantenido una postura crítica hacia los movimientos de igualdad de género y feministas, argumentando que representan un gasto innecesario para el Estado.
No solo desde que se postuló a la Presidencia de la República de Argentina. El economista siempre en sus intervenciones en televisión y luego cuando pudo llegar al Congreso investido de diputado, denunció la financiación de programas y políticas destinadas a promover la equidad de género que «desangraban al Estado».
Una vez en el poder, Milei ha comenzado a materializar estas promesas. Además de la reciente prohibición de tratamientos de hormonización y cirugías de cambio de género en menores, su gobierno ha anunciado recortes presupuestarios en áreas relacionadas con la promoción de la igualdad de género. Estas medidas forman parte de un plan más amplio de ajuste fiscal, que busca reducir el gasto público y equilibrar las cuentas nacionales.
Durante su participación en el Foro Económico Mundial, Milei reiteró su postura crítica hacia lo que denominó «ideología de género», calificándola como un «abuso infantil» en sus versiones más extremas. Estas declaraciones han sido consistentes con su discurso de campaña, en el que prometió priorizar la economía y la seguridad sobre lo que considera «agendas ideológicas».
Aunque sus críticos argumentan que estas medidas representan un retroceso en los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sus seguidores destacan que Milei está cumpliendo con las promesas que lo llevaron al poder. En un contexto de crisis económica y alta inflación, el gobierno ha optado por priorizar políticas de austeridad, lo que ha generado tanto apoyo como rechazo en distintos sectores de la sociedad argentina.
