Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos ratificó una orden que impide al gobierno de Donald Trump deportar a migrantes venezolanos a El Salvador, en aplicación de una ley del siglo XVIII pensada para tiempos de guerra.
El fallo, dictado este miércoles 26 de marzo por el Circuito del Distrito de Columbia, mantiene vigente la medida cautelar emitida el 15 de marzo por el juez James Boasberg.
Se trata de un revés judicial para la administración republicana, que intentó ampararse en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la expulsión de migrantes bajo una proclama presidencial que calificaba a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.
La apelación fue evaluada por un panel de tres jueces con visiones ideológicas diversas. Patricia Millett (nominada por el expresidente Barack Obama) y Karen LeCraft Henderson (designada por George H.W. Bush) votaron por mantener la orden. Justin Walker, juez impulsado por Trump, se mostró en contra.
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La medida fue impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a cinco migrantes venezolanos detenidos en Texas.
El juez Boasberg sostuvo que el gobierno vulneró el derecho al debido proceso al deportar sin audiencia previa ni revisión judicial. También ordenó el retorno de decenas de migrantes ya expulsados en aviones, pero el mandato fue ignorado. El Departamento de Justicia se amparó en el “privilegio de secreto de Estado” para evitar entregar detalles sobre las deportaciones.
La Casa Blanca ha tildado el fallo de “interferencia judicial indebida” y ha pedido el juicio político contra Boasberg. Frente a esto, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una rara declaración: “El impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Boasberg argumentó que las personas señaladas como presuntos pandilleros tienen derecho a impugnar esa clasificación. “Existe un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar”, afirmó en su fallo.
El caso se ha convertido en un nuevo punto de tensión entre la judicatura y el Ejecutivo, mientras la campaña de Trump intensifica su retórica migratoria de cara a las elecciones de noviembre.
