La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves el uso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y periodos prolongados de incomunicación contra personas presas por motivos políticos en Venezuela.
El organismo instó al Estado a liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por razones políticas y a garantizar el contacto con sus familiares y abogados de confianza.
En lo que va de 2025, la CIDH ha documentado 903 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Según testimonios recogidos en audiencias públicas, al menos 64 familias no han recibido confirmación oficial sobre el paradero de sus seres queridos.
En algunos casos, la única vía de información ha sido por medio de otros detenidos o llamadas esporádicas de funcionarios penitenciarios que piden medicinas o ropa para lavar. La CIDH enfatizó que la incomunicación coactiva está prohibida por los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos.
Además de las condiciones de detención, la Comisión denunció prácticas de maltrato por parte del personal penitenciario, particularmente contra mujeres familiares de presos, quienes son sometidas a requisas invasivas. También se ha constatado la negativa deliberada a autorizar visitas o a informar sobre el estado de salud de personas detenidas, como en los casos de Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia, beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la propia CIDH.
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CIDH: Represión tras las elecciones de 2024
La CIDH advirtió que la crisis de derechos humanos en Venezuela se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El informe “Venezuela: graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral”, publicado en enero, expone una estrategia estatal orientada a impedir una elección libre, competitiva y transparente mediante prácticas que constituyen terrorismo de Estado.
Uno de los patrones más preocupantes, según la Comisión, fue la detención arbitraria y desaparición forzada de opositores. Entre enero y el 27 de julio de 2024, al menos 50 personas identificadas como disidentes fueron detenidas de forma irregular, entre ellas la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Tras los comicios, Nicolás Maduro anunció la detención de 2.229 personas por manifestarse contra la opacidad electoral. De ese total, 177 eran niñas y niños, que luego fueron liberados junto con un número no determinado de adultos.
La CIDH también alertó sobre la utilización del aparato judicial como herramienta de persecución. Las personas presas políticas enfrentan cargos vagos y ambiguos, defensores públicos impuestos, retrasos en las audiencias y la negación del derecho a la defensa. Todo esto, según el organismo, evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y la instrumentalización del Ministerio Público.
