La Casa Blanca notificó el 11 de julio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la imposición de un nuevo arancel del 30 % a los productos mexicanos que ingresaran a Estados Unidos a partir del 1 de agosto de 2025. La medida forma parte de una estrategia del gobierno estadounidense para presionar al país azteca a tomar acciones más contundentes contra el narcotráfico y el flujo de fentanilo hacia su territorio.
En una carta firmada por la presidencia estadounidense, se indicó que, aunque la relación comercial entre ambos países se mantenía fuerte, los esfuerzos de México no habían sido suficientes para detener a los carteles responsables de introducir fentanilo en Estados Unidos. El comunicado señaló que el país vecino no había impedido que las organizaciones criminales convirtieran a América del Norte en “un patio de recreo del narcotráfico”.
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La administración estadounidense sostuvo que los productos mexicanos que fueran transbordados para evadir los aranceles también estarían sujetos al nuevo gravamen. No obstante, aclaró que aquellas empresas mexicanas que decidieran trasladar su producción a territorio estadounidense quedarían exentas de la medida y recibirían apoyo para instalarse de forma rápida y profesional.
Además, la Casa Blanca advirtió que si el gobierno mexicano respondía con nuevos aranceles, cualquier aumento sería sumado al 30 % ya anunciado.
El gobierno de Estados Unidos también expresó su preocupación por las políticas arancelarias y no arancelarias de México, que, a su juicio, habían contribuido a un déficit comercial insostenible. Según el comunicado, este desequilibrio representaba una amenaza directa para la economía y la seguridad nacional estadounidenses.
