El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que, en 14 años de funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), el saldo de violencia y falta de atención médica en los recintos carcelarios del país suma 8.532 víctimas, entre ellas 3.528 fallecidos y 5.094 heridos.
El ministerio nació en 2011, durante el gobierno de Hugo Chávez, con Iris Varela como su primera ministra y bajo la promesa de transformar el sistema penitenciario venezolano. Según el OVP, la crisis estructural persiste, marcada por hacinamiento, retardo procesal, violaciones de derechos humanos y altos niveles de violencia.
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En más de una década, distintos titulares ocuparon el cargo, entre ellos Mirelys Contreras y, recientemente, Celsa Bautista Ontiveros, destituida en 2024 tras huelgas carcelarias que involucraron a más de 50.000 privados de libertad en 19 centros de reclusión. En su lugar designaron a Julio García Zerpa, quien prometió revisar el sistema sin mostrar avances hasta la fecha.
#ALERTA🚨 8.532 víctimas en 14 años: el saldo mortal del Ministerio Penitenciario. A más de una década de su existencia, los resultados concretos son escasos y las violaciones a derechos humanos se han profundizado. https://t.co/eNWCVqUbPD
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 26, 2025
El OVP indicó que entre 2011 y 2024 se anunciaron 18 planes oficiales —como el “Plan Cayapa” y el “Plan Nacional de Redenciones 2024-2025”— sin información pública que permita evaluar su impacto. En materia normativa, las reformas del Código Orgánico Procesal Penal (2012) y del Código Orgánico Penitenciario (2015, reformado en 2021) impusieron restricciones al acceso a beneficios procesales y avalaron prácticas cuestionadas, como el uso de armas contra internos.
El discurso oficial sobre programas productivos y educativos carece de cifras verificables y resultados claros en materia de reinserción social. En contraste, tragedias como la masacre de Yare I (2012), la muerte de 68 personas en la Comandancia de la Policía de Carabobo (2018) o el motín de Guanare (2020), con 47 fallecidos, reflejan el deterioro de las condiciones de reclusión.
El OVP concluyó que el Ministerio Penitenciario fracasó en su objetivo de garantizar condiciones dignas y promover la reinserción social, y que su funcionamiento está marcado por la opacidad y el incumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.
