Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la orden que impide a la administración de Donald Trump realizar detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes en el sur de California.
La decisión, tomada por un panel de tres jueces del Noveno Circuito, mantiene la restricción temporal emitida el 12 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, quien señaló que existía una “montaña de evidencias” de que las tácticas de control migratorio violaban la Constitución. En su orden, Frimpong prohibió detener personas únicamente por su apariencia racial o étnica, hablar con acento o encontrarse en determinados lugares o trabajos.
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La demanda fue presentada por grupos de defensa de inmigrantes el mes pasado e incluyó a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, entre ellos Brian Gavidia, un residente de Los Ángeles que fue grabado en video durante su arresto mientras gritaba: “¡Nací aquí en Estados Unidos, este de Los Ángeles, hermano!”.
El Gobierno federal solicitó revocar la orden, alegando que la misma era demasiado amplia y carecía de pruebas suficientes que demostraran la existencia de una política oficial de arrestos sin sospecha razonable. Sin embargo, durante la audiencia, los jueces cuestionaron duramente esos argumentos.
“En un área como Los Ángeles, donde la mitad de la población es latina, estos factores no pueden diferenciar a quienes tienen o no un estatus legal”, señaló la jueza Jennifer Sung, quien además preguntó: “¿Qué daño hay en que te digan que no hagas algo que afirmas que ya no estás haciendo?”.
La región de Los Ángeles fue escenario de choques entre el gobierno federal y autoridades locales por la política migratoria. En años recientes, agentes federales realizaron detenciones en tiendas, paradas de autobús y granjas, lo que generó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional.
