Durante julio, la ONG Espacio Público registró al menos 18 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, la mayoría relacionadas con actos de intimidación y restricciones al ejercicio periodístico durante las elecciones municipales del domingo 27.
“Julio se convierte en el tercer mes con más registros de 2025”, advirtió la organización en su más reciente informe. El reporte indicó que 61 % de los casos estuvieron vinculados con intimidación, seguidos por hechos de “censura, hostigamiento judicial y verbal”. Las principales víctimas fueron periodistas (66 %), aunque también se reportaron ataques contra particulares, activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
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De acuerdo con la ONG, la mayoría de las agresiones fueron cometidas por cuerpos de seguridad del Estado (61,54 %) y ocurrieron principalmente en internet (27,27 %) y en estados como Lara, Aragua, Bolívar, Cojedes, Zulia, Nueva Esparta y el Distrito Capital.
Espacio Público alertó que solo el 27 de julio se reportaron 10 incidentes en al menos siete estados, a pesar de que los comunicadores contaban con acreditaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
También denunciaron que reporteros fueron bloqueados por funcionarios del Plan República y la Guardia Nacional, quienes en algunos casos los obligaron a borrar el material grabado, los fotografiaron o les exigieron documentos de identidad. “Este patrón de obstrucción, censura y hostigamiento institucional afectó directamente el trabajo periodístico”, afirmó la organización.
#ResumenEP | En julio, la mayoría de los victimarios fueron los cuerpos de seguridad, quienes se impusieron ante los periodistas en los estados Lara, Aragua, Bolívar, Cojedes, Zulia, Nueva Esparta y el Distrito Capital | #5ago https://t.co/iG4WHdMKi1
— Espacio Público (@espaciopublico) August 5, 2025
Criminalización por expresarse en redes o participar en actos simbólicos
La organización también reportó medidas judiciales y cierres de medios. El canal zuliano Telecolor fue sacado del aire por orden de Conatel el 3 de julio, en un procedimiento que incluyó la presencia de cuerpos militares. Según la ONG, la medida dejó sin empleo a decenas de trabajadores y “sin una voz informativa a parte de la población del occidente del país”.
Durante el mes persistieron las acciones de criminalización contra ciudadanos por expresarse en redes sociales o participar en actos simbólicos. Entre los casos mencionados, se encuentra la condena a 10 años de prisión contra Génesis Pabón y Rocío Rodríguez, “presuntamente por estampar camisetas con la imagen de la caída de una estatua de Hugo Chávez”.
También se reportaron nuevas detenciones arbitrarias. La ONG recordó que el articulista Ángel Godoy cumplió seis meses privado de libertad, imputado por delitos como “terrorismo” e “incitación al odio”. A esta situación se suma la del estudiante universitario Simón Bolívar Obregón, quien fue arrestado el 18 de julio por supuestos funcionarios encapuchados. Ambos casos, sostuvo la ONG, reflejan “la continuidad de detenciones sin debido proceso” como mecanismo de represión.
Exigen atención médica para periodistas detenidos
En cuanto a la situación de periodistas detenidos, el informe documentó que los días 13 y 14 de julio familiares de Víctor Ugas y José Camero exigieron atención médica urgente e información sobre su estado de salud. Posteriormente, “Camero fue excarcelado el lunes 21 con medidas cautelares como presentación y prohibición de salida del país”.
