La organización no gubernamental (ONG) Justicia Encuentro y Perdón (JEP) exigió este miércoles que en Venezuela se garantice una justicia sin ideologías, recordando que “no hay víctimas de izquierda o de derecha… Hay víctimas”.
La ONG @JEPVzla exigió en Venezuela una justicia sin ideologías: "No hay víctimas de izquierda o de derecha… Hay víctimas"
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— VPItv (@VPITV) August 13, 2025
En un comunicado divulgado en su cuenta de X, la ONG sostuvo que la defensa de los derechos humanos no admite excepciones ni filtros políticos. “Toda detención arbitraria y toda tortura constituyen crímenes, sin importar la afinidad política del afectado”, señaló.
JEPVzla aseguró que la crisis de derechos humanos en el país continúa marcada por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Según sus registros, hay 1.025 personas privadas de libertad por razones políticas.
Entre ellas mencionó a José Riera y Nancy Camacho, actualmente desaparecidos, y al periodista Branker, quien lleva más de seis meses sin contacto con su familia. También denunció los arrestos de Emir Lendris Benítez, Javier Tarazón, Arrosio San Miguel y Wilder Vázquez, todos bajo condiciones que califican de inhumanas y con procesos judiciales irregulares.
La organización destacó que en muchos casos los detenidos siguen en prisión pese a haber cumplido sus condenas o contar con boletas de excarcelación, lo que atribuyen a un patrón de “puerta giratoria” usado por el Estado para mantener estable la cifra de presos políticos.
El reciente caso de Marta Lía Grajales —activista por cuya detención se pronunciaron figuras del oficialismo y referentes históricos de la izquierda latinoamericana— fue, según JEPVzla, una muestra de que es posible construir consensos en defensa de los derechos humanos. “Lo que se reconoció en este caso debe extenderse a todos los demás, sin distinción alguna”, enfatizó.
La ONG concluyó que quienes alzaron la voz por Grajales tienen hoy una responsabilidad ética: exigir la libertad de todas las personas detenidas por motivos políticos y el fin del uso del sistema judicial como herramienta de persecución.
