La Procuraduría General de Colombia confirmó este martes la destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer funciones públicas contra el excanciller de ese país, Álvaro Leyva, debido a irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes.
El fallo en segunda instancia ratificó que el exfuncionario “desconoció (…) los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes”. El organismo explicó que la decisión de Leyva no tenía sustento jurídico y excedía sus competencias, ya que la unión temporal liderada por la firma Thomas Greg & Sons, único oferente en el proceso, cumplía con los requisitos exigidos.
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“El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado”, señaló la Procuraduría de Colombia en su comunicado.
En 2023, Leyva había suspendido el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que tenía la concesión desde hace 17 años, argumentando falta de libre competencia en la última licitación. Esta medida provocó una demanda de la compañía contra el Estado, pues el convenio vigente aún tenía tres años de duración.
Tras su salida de la Cancillería, los reemplazos de Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, tampoco lograron resolver la asignación del contrato. Finalmente, el Gobierno decidió que la producción de pasaportes quede en manos de la Imprenta Nacional junto a la Casa de la Moneda de Portugal, aunque las críticas persisten. Mientras tanto, Thomas Greg & Sons continuará con la fabricación de los documentos hasta el 30 de abril de 2026.
