La Misión de Determinación de Hechos de la ONU concluyó en su más reciente informe que la represión en Venezuela se profundizó tras las elecciones de 2024, consolidando lo que calificó como un “patrón de persecución política”.
Según el documento, lo ocurrido desde el 29 de julio de ese año representó “una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”.
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El informe advirtió que al menos 30 personas perdieron la vida como consecuencia directa de la represión gubernamental: 25 durante las protestas y cinco más bajo custodia estatal. Además, señaló que tres detenidos fallecieron luego de su excarcelación por el deterioro de su salud. “La Misión tiene motivos razonables para creer que la represión gubernamental ha causado al menos 30 víctimas fatales”, se afirmó en el reporte.
La investigación también documentó un aumento de detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, especialmente contra mujeres y adolescentes. “Las personas detenidas, principalmente mujeres y niñas adolescentes, fueron objeto de violencia sexual basada en género”, advirtió el informe, que también señaló el uso sistemático del aislamiento y la incomunicación como castigo contra opositores.
Asimismo, se corroboró la continuidad del patrón detectado en años anteriores, en el que la violencia sexual y de género era empleada como herramienta represiva. De acuerdo con la Misión, estas prácticas incluían “desnudez forzada, sexo transaccional coercitivo o prostitución forzada”, actos que calificaron de humillación y deshumanización durante la privación de libertad.
Casos prolongados de incomunicación y 220 detenciones de niños y adolescentes
Otro de los hallazgos señalados fueron las desapariciones forzadas de corta y larga duración. El caso más prolongado fue el del ciudadano estadounidense-francés Lucas Hunter, detenido el 7 de enero de 2025 y mantenido en completa incomunicación durante seis meses y 11 días. Además, se registraron 220 casos de detenciones de niños, niñas y adolescentes entre julio de 2024 y enero de 2025, la mayoría de ellos varones.
La Misión también denunció la falta de cooperación del Estado venezolano y la persistencia de la impunidad. “Las detenciones arbitrarias son ordenadas por las autoridades políticas, justificadas y avaladas por el Ministerio Público, confirmadas por el sistema judicial y continuadas por las autoridades penitenciarias”, se destacó en el documento. A ello sumó reportes de extorsión a detenidos y la persecución de familiares de opositores, lo que reforzaría, según el informe, la existencia de un esquema sostenido y sistemático de represión.
