El Consejo de la Unión Europea prolongó hasta el 15 de octubre de 2026 las sanciones vigentes por la crisis política y social en Nicaragua.
De acuerdo con un comunicado de la institución comunitaria, las medidas afectan a veintiuna personas y tres entidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega. Incluyen la congelación de activos, la prohibición de que ciudadanos y empresas del bloque les transfieran fondos, así como la restricción de entrada y tránsito en territorio europeo.
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En su declaración, Bruselas insistió en la necesidad de restablecer derechos fundamentales en el país. “La UE reitera su llamamiento para que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos restantes y regresen las organizaciones internacionales de derechos humanos. La UE también subrayó la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico, respetar el derecho a la disidencia y poner fin a todo tipo de represión, tanto en Nicaragua como en el extranjero”, indicó el Consejo.
El bloque europeo además instó al régimen de Managua a retomar la cooperación con organismos internacionales. “La actual crisis política en Nicaragua debería resolverse mediante diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición”, agregó la institución, que también llamó a colaborar con la ONU y “otras instancias internacionales clave, incluido el Consejo de Derechos Humanos”.
