El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció un preocupante incremento de las detenciones arbitrarias contra mujeres en el país, donde actualmente 150 permanecen privadas de libertad por razones políticas, según un informe reciente de la organización.
El reporte precisó que solo en octubre más de 30 personas fueron arrestadas ilegalmente, entre ellas nueve mujeres en los estados Guárico, Lara, Mérida y Trujillo. La ONG documentó que los procedimientos se realizaron «en condiciones completamente irregulares, violando todas las garantías constitucionales y procesales», e incluyeron casos en los que las detenidas fueron “sacadas de sus hogares sin orden judicial” o aprehendidas en lugar de los familiares que realmente buscaban los funcionarios.
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El OVP también registró operativos donde los agentes actuaron con violencia y saquearon las viviendas durante las detenciones. Entre los hechos más graves, destacó el de una mujer arrestada frente a su hija pequeña, «que presenció cómo se llevaban a su madre sin explicación alguna». El informe advirtió que tras los arrestos «el silencio oficial y la opacidad se imponen», mientras los familiares denuncian falta de información sobre el paradero de las detenidas, audiencias diferidas “más allá de los plazos legales” e incluso episodios de desaparición forzada.
La situación es especialmente crítica para «mujeres mayores o con diferentes patologías» como hipertensión y enfermedades respiratorias o estomacales, quienes permanecen recluidas «sin atención médica ni evaluaciones especializadas, en condiciones infrahumanas de reclusión». El OVP alertó además sobre una «doble discriminación» en los procesos de excarcelación, donde las mujeres son «las últimas en ser consideradas» cuando se anuncian liberaciones.
La organización rechazó «con firmeza esta política de persecución y la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres detenidas arbitrariamente», exigiendo su liberación inmediata y el cese del uso del sistema judicial y penitenciario «como herramienta de control político y castigo». El OVP concluyó enfatizando que «estas mujeres no son un daño colateral, son víctimas de un régimen que ha hecho del miedo y la represión, su única forma de gobernar».
