La OEA presentó un informe realizado por la Secretaría General acerca del proceso político en Venezuela que se llevó a cabo el 20 de mayo.
La OEA afirmó que «en los comicios no se contó con garantías ni se respetaron principios básicos. La competencia no se llevó a cabo con las mismas oportunidades; la organización del proceso no estuvo a cargo de una autoridad electoral imparcial; el voto no fue ni libre, ni secreto, ni universal; la participación política impidió candidaturas y obstaculizó el voto de venezolanos en el extranjero».
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A continuación parte del informe
En primer lugar, el decreto que insta a realizar elecciones en una fecha determinada es emitido por una autoridad no reconocida por la Asamblea Nacional de Venezuela, como lo es la ANC, y contraviene el artículo 292 de la Constitución que establece que la convocatoria a elecciones corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral.
En segundo término, incluir la elección de Consejos Legislativos (proceso que acumula una demora de más de un año) viola el artículo 82 de la Ley Orgánica de Poder Municipal y la Ley de Regularización de periodos constitucionales que prohíben unir elecciones de ámbito local con comicios nacionales.
La coalición opositora MUD y dos de sus partidos políticos, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular, fueron inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Esta situación se debió a la sanción impuesta por parte de la ANC a los partidos que no participaron en las elecciones locales de diciembre de 2017.
Estas inhabilitaciones se sumaron al “proceso de renovación de organizaciones políticas”, realizado en el 2017, a través del cual la Sala Constitucional inhabilitó a al menos 42 organizaciones políticas para participar en procesos electorales.
Aunque ninguno de los dos procesos de renovación de partidos está contemplado en la legislación venezolana, las sanciones aplicadas provocaron que para estas elecciones solo participaran 17 organizaciones políticas, de las cuales solo dos son partidos de oposición.
El periodo establecido por el CNE para la campaña electoral fue de 26 días. Esto implicó una reducción de 70 días en comparación con el tiempo asignado para esta actividad en las presidenciales de 2012 (96 días).
En Venezuela, el 72% de la población posee el Carnet de la Patria y al menos cuatro millones de venezolanos han declarado que dependen exclusivamente de las cajas y bolsas CLAP (planes sociales del gobierno de Maduro) para comer en sus hogares.
Según el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, el 34% de venezolanos creen que a través del Carnet de la Patria se podría conocer sus preferencias electorales. Lo anterior, implica que ocho de cada diez electores tuvo que mostrar el Carnet de la Patria como método de verificación de participación y coacción, antes o después de ejercer su voto.
