«El mismo día que se perdió mi hija no se pudo levantar ninguna denuncia, la hicimos el día siguiente. Si nos hubieran brindado realmente más apoyo, mi hija seguiría viva«. Desaparición
Esas palabras reflejan el lamento de Magdalena Antón, la mujer que trajo al mundo a Fátima Cecilia Aldrighett Antón, de siete años, asesinada a comienzos del pasado mes de febrero en México.
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Fátima desapareció el pasado 11 de febrero en las puertas de su colegio, cuando una mujer se la llevó del lugar en Ciudad de México. Cuatro días más tarde, sus restos aparecieron con signos de violación y tortura dentro de una bolsa de basura. La pérdida física de la menor de edad desató profundas críticas sobre el sistema penal mexicano, del cual se dijo que pudo hacer más para rescatar a la víctima, como admitió la propia alcaldesa de la ciudad, Claudia Sheinbaum.
El movimiento feminista en ese país, que sigue recopilando casos de feminicidios, exige mecanismos para evitar acrecentar el número de víctimas de un flagelo que permanece latente en la región.
¿Es necesario esperar 72 horas para declarar a alguien desaparecido?
Casi como una vieja costumbre, distintos cuerpos policiales pueden llegar a decir a los denunciantes que para levantar un caso por desaparición se deben esperar a que se cumplan 72 horas de incomunicación, para así establecer que no se trata de un viaje repentino, un escape o un aislamiento voluntario. Esa idea ha calado en parte de la población, que tiene incorporada esa falsa disposición policial.
En Venezuela, no existen mandatos legales que impidan el poder reportar extravíos en un lapso menor a ese tiempo, según explicó a VPItv un efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El funcionario, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que esos primeros tres días de pérdida pueden ser «muy importantes», por lo que la institución está abierta a iniciar una investigación apenas se tengan indicios convincentes. Pero ese mito no corresponde solo a los venezolanos, sino que se ve presente en distintas naciones hispanohablantes.
En México, lugar donde ocurrió la tragedia de Fátima, fue el argumento para no atender a la familia afectada. Dilcya Samantha García, fiscal central para la Violencia de Género de la Fiscalía General, descartó la existencia de una ley que permita esta acción.
«Nunca ha habido una ley, un reglamento, un bando municipal, nada formal que te diga que debes esperar un momento específico para poder iniciar una carpeta de investigación por búsqueda«, expresó García para Excélsior TV.
Por su parte, en Colombia, la Unidad de Reacción Inmediata a cargo de la Fiscalía General se ha encargado de informar su obligación a recibir denuncias por todo tipo de delitos antes de las 72 horas. Del mismo modo, en España, y desde el 2009, todos los cuerpos de seguridad deben recibir la denuncia por desaparición antes de las 24 o 48 horas, bajo la instrucción 1/2009 del Ministerio del Interior, que establece esta obligación.
Esta disposición gubernamental debe ser acatada por organismos como la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local o Cuerpos de Seguridad Autonómicos, siempre que se tenga información completa que sugiera una desaparición.
Para ello, se debe consignar una fotografía reciente, descripción detallada, datos identificativos e información relevante del hecho o la persona en cuestión, según detalló la asociación sin fines de lucro, Sosdesaparecidos, que desde 2007 se ocupa de la difusión de estos casos.
¿A quién acudir?
Para realizar una denuncia de este estilo en Venezuela, los cuerpos de policía municipal no son los más adecuados, pues son instituciones preventivas y no de investigación. Lo ideal es dirigirse directamente a la sede del Cicpc más cercana.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas tiene entre sus servicios la unidad de «Atención a la Víctima», que está «especializada en casos de personas desaparecidas», según explica el organismo en su página web.
Dicho departamento se encarga de establecer si el extravío es real, constatando en otras instituciones como hospitales, organizaciones, centros asistenciales u otras organizaciones civiles, así como elaboran un análisis para identificar «plenamente» a los autores del hecho.
Cuerpos como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o los diferentes comandos regionales están obligados a trasladar las denuncias justamente a este servicio del Cicpc, pero no a iniciar acciones para esclarecer la situación.
