Los inspectores de Hacienda que investigaron a la cantante colombiana Shakira han ratificado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat que presuntamente cometió un fraude fiscal de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 al no tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pese a residir en España. Fuentes judiciales indicaron que los abogados defensores de la cantante quieren aportar nueva prueba al juzgado por lo que la instrucción judicial todavía durará varios meses.
Lea también: Shakira y JLo ofrecieron detalles del mediotiempo en el Super Bowl
En su declaración, los inspectores explicaron que la cantante podría haber evadido el pago de este impuesto al no tener domicilio fiscal en España pero residir más de seis meses al año, ya que era al inicio de su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. La Fiscalía acusa tanto a Shakira como a su asesor en el país norteamericano de seis delitos fiscales por haber defraudado presuntamente 14,5 millones de euros al simular no residir en España y ocultar sus ingresos mediante un entramado societario en 2012, 2013 y 2014.
En su declaración de hace seis meses en el juzgado, la cantante explicó que había pagado esta cantidad y otros 20 millones de euros correspondientes a las deudas e intereses de 2011, además de explicar que en esa época no tenía obligación de tributar en España ya que fijó su residencia en Esplugues de Llobregat en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo. Hasta entonces residía en el extranjero por sus compromisos profesionales y sólo venía a estar con Piqué de vez en cuando. Su asesor fiscal declaró en el juzgado que la cantante residió en Bahamas entre 2012 y 2014, aunque desconocía si pasó más de 183 días en España, el mínimo para tener que tributar en el país.
La querella indica que la artista colombiana urdió un «plan» con el objetivo de no pagar a Hacienda ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni el del patrimonio y lo logró gracias a una red de empresas radicadas en paraísos fiscales que eran formalmente las titulares de los ingresos que percibía. Por eso, la Fiscalía considera que usó estas sociedades domiciliadas en Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo para canalizar «los movimientos de capital generado con su actividad profesional». Fuente AFP.
