La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó el año 2024 con su nuevo informe de la situación política en Venezuela, especialmente, en las «graves violaciones» de DD. HH. que se llevaron a cabo en el contexto postelectoral del país suramericano.
Divido en cuatro capítulos, la organización enfatizó cómo estos hechos afectaron al orden democrático y los derechos políticos de Venezuela desde el 27 de julio de 2024.
Según la CIDH, la administración de Nicolás Maduro, previo a las elecciones, «no solo utilizó la maquinaria del Estado para favorecer» su propia campaña, sino que también lo hizo «para obstaculizar e impedir la participación política de la oposición».
«La Comisión Interamericana destaca que estos problemas técnicos impidieron la inscripción de las principales candidaturas opositoras al régimen, mientras que las oficialistas, así como aquellas opositoras de bajo perfil, no tuvieron ningún tipo de obstáculo para inscribirse. Esta circunstancia sugiere un trato discriminatorio en el acceso a la función pública y una afectación arbitraria a la oferta electoral de la ciudadanía», suscribe el informe de la CIDH, que también destacó que en los meses previos a los comicios el Estado venezolano «intensificó la represión».
Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Acotó que las detenciones arbitrarias que se realizaron en este marco electoral «tuvieron lugar en espacios públicos, viviendas, puestos de trabajos y en el aeropuerto» y señaló que «los principales perpetradores fueron el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET)».
Tanto la CIDH como otros organismos internacionales han asegurado que estos hechos «buscan silenciar voces críticas, desmantelar la oposición organizada y mantener un control absoluto sobre el panorama político y social», por lo que, «la omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares, en particular, subrayan un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones».
También resaltó la «falta de transparencia en relación con la información electoral y la denegación de acceso a la información pública por parte de las autoridades electorales» para conocer los resultados de la jornada del 28 de julio.
Pese a que Venezuela cuenta «con un sistema de votación electrónica que emite dos comprobantes físicos de respaldo», la CIDH recibió reportes sobre restricciones para la «verificación de resultados en varios centros de votación, así como la negación de acceso a los testigos del candidato González en la sede del CNE».
La CIDH también añadió que los recursos interpuestos por la administración de Nicolás Maduro, tras las elecciones presidenciales, fueron denunciados en varias ocasiones por organizaciones de la sociedad civil dado que «la naturaleza de estos» eran cuestionables.
Luego de los comicios, se documentaron «violaciones de derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado dirigidas a infundir miedo y reprimir las protestas sociales, a fin de consolidar el poder del régimen, tras las denuncias de fraude electoral». En resumen, se registraron cerca de 300 protestas masivas y espontáneas en todo el país.
Estas manifestaciones más el descontento por la opacidad electoral, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, alertó sobre la «Operación Tun Tun», que tuvo como objetivo «arrestar a periodistas que publicaran información sobre la controversia electoral», a quienes estaban en las concentraciones y aquellos que respaldaran a la oposición.
«Por lo general, en regímenes autocráticos como el venezolano, el proceso de adopción de medidas de seguridad no sigue procedimientos preestablecidos, ni es comunicado por canales oficiales, sino por mensajes directos de altas autoridades a través de entrevistas o pronunciamientos en redes sociales, entre otros. La CIDH considera que las amenazas proferidas por las más altas autoridades, junto con las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos registradas tras la elección, evidencian la intención de infundir terror en la ciudadanía mediante la articulación de los diferentes poderes del Estado y el uso recursos públicos», reza el informe.
Las protestas electorales dejaron, explica la CIDH, al menos 25 personas muertas (todos hombres) y, en su mayoría, «por como consecuencia del uso arbitrario de la fuerza por parte del Estado o de grupos paraestatales». La organización «ha podido constatar que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal por parte de grupos “colectivos”, incorporados legalmente en el “Sistema Popular de Protección para la Paz”
Para el 6 de agosto, más de 2.000 personas habían sido detenidas arbitrariamente, entre ellas adolescentes. Las madres de estos jóvenes denunciaron que sus hijos recibieron «torturas y malos tratos».
Además de esto, la CIDH enfatizó que otra violación de derechos humanos que se evidenció fue la anulación de pasaportes, puesto que «al menos 40 personas (activistas), con liderazgo social, periodistas, y sus familiares, han sido víctimas de esta práctica dirigida a limitar la libre circulación e infundir terror. En algunos casos, las autoridades confiscaron los pasaportes en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía mientras las personas intentaban viajar al extranjero. En otros casos, las personas se enteraron de la anulación de sus pasaportes al consultar la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)».
Respecto a la libertad de expresión, tanto la CIDH como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) documentaron «severas restricciones» especialmente en asuntos políticos.
«A la fecha de cierre de redacción de este informe, la CIDH y la RELE han documentado la detención de, al menos, 12 periodistas tras las elecciones del 28 de julio», se lee.
Durante esta etapa del documento, la CIDH nombró al camarógrafo de VPItv, Paúl León, quien fue detenido en el estado Trujillo mientras cumplía con sus labores periodísticas.
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Como conclusiones y recomendaciones, la Comisión aseveró que «la ausencia de un Estado de Derecho y de una institucionalidad guiada por la separación e independencia de los poderes públicos continúa siendo el desafío más grande para el respeto y la garantía de los derechos humanos en Venezuela».
Asimismo, subrayó que a la fecha no se han presentado las actas por parte del Estado venezolano. «La opacidad electoral, y, en general, las restricciones a los derechos políticos documentadas en este informe impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática».
«La Comisión Interamericana observa que persiste la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores, especialmente desde el 2017. (…) Por tal motivo, insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a presentar formalmente un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad», sostuvo.
La CIDH instó a la comunidad la comunidad internacional «a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país».
Solicitó, además, al oficialismo, liberar «de manera inmediata a las personas privadas arbitrariamente de la libertad» e «investigar con debida diligencia todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto electoral».
Por otra parte, «modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión (…) con el fin de evitar el uso del derecho penal para inhibir el libre debate democrático sobre los asuntos de interés».
