El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden presidencial en la que impone un arancel del 25% a los países que negocien con Nicolás Maduro en la compra de petróleo venezolano.
La medida, que entrará en vigor el 2 de abril de 2025, busca aumentar la presión económica sobre Maduro y evitar que obtenga recursos mediante la venta de crudo. “Las acciones y políticas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, señala el decreto.
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Trump argumentó que el chavismo ha profundizado la crisis humanitaria y generado una grave crisis migratoria, desestabilizando el hemisferio occidental. Además, vinculó al régimen de Maduro con actividades ilícitas y organizaciones criminales, incluyendo el Tren de Aragua, al que calificó como una “organización terrorista extranjera” responsable de secuestros, asesinatos y ataques violentos.
“El régimen de Maduro ayudó y facilitó la afluencia de miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos”, aseguró el documento, señalando que esta situación se vio agravada por políticas migratorias previas. El decreto también reitera la vigencia de sanciones impuestas previamente contra Venezuela, como las establecidas en las órdenes ejecutivas de 2015, 2017, 2018 y 2019.
Trump señala a Maduro de debilitar la democracia y agravar la crisis
En el texto, Trump enfatiza que Maduro ha “debilitado las instituciones democráticas mediante la supresión de elecciones libres”, consolidado el poder de manera “ilegítima” y generado el colapso económico del país. “La mala gestión económica y la corrupción pública han sido a expensas del pueblo venezolano y su prosperidad”, sostiene la orden presidencial.
El arancel del 25% aplicará a cualquier país que importe petróleo venezolano, ya sea de manera “directa o a través de terceros”. Su aplicación será determinada por el Departamento de Estado en conjunto con otras agencias gubernamentales. Una vez impuesto, el tributo se mantendrá por un año después de la última importación de crudo venezolano o hasta que las autoridades estadounidenses consideren su levantamiento.
