La ONG Espacio Público reportó al menos 30 violaciones al derecho a la libertad de expresión e información durante mayo, un mes que fue marcado por un contexto electoral cargado de represión por parte de las autoridades venezolanas, según indicó la organización.
De acuerdo con el más reciente boletín de Espacio Público, publicado este viernes, las agresiones incluyeron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, restricciones al trabajo periodístico y ataques contra organizaciones de derechos humanos “en un contexto marcado por la represión estatal previa y durante las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo”.
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Además, la ONG identificó 13 hechos en los que resultaron afectadas 17 personas, siendo los principales agresores los cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones gubernamentales. Entre los casos más graves figura la desaparición forzada del abogado Eduardo Torres, miembro de PROVEA, quien fue interceptado el 9 de mayo en Caracas y permaneció más de 96 horas sin contacto con sus familiares ni abogados, precisó Espacio Público
La organización también denunció que el periodista Carlos Marcano, vinculado a organizaciones de la sociedad civil, fue detenido arbitrariamente el 23 de mayo y sigue sin comunicación. “Fue sacado a la fuerza de su casa por funcionarios del Estado y ha estado incomunicado de sus familiares y amigos, violando el derecho al debido proceso”, indicó el boletín.
#BoletínEP | Al cierre de mayo registramos al menor 30 violaciones del derecho a la libertad de expresión e información en un contexto marcado por la represión estatal durante las elecciones del #25may https://t.co/S1kIR5sSca
— Espacio Público (@espaciopublico) June 6, 2025
Múltiples impedimentos al trabajo periodístico
En el informe, la organización destacó que, durante la jornada electoral del 25 de mayo, los periodistas enfrentaron numerosas trabas para ejercer su labor durante la cobertura. En Caracas, efectivos del Plan República negaron el acceso a un reportero del medio Tal Cual a un centro de votación, argumentando que solo los medios estatales podían ingresar.
De acuerdo con el reporte, en otros estados como Mérida, Maracaibo, Aragua y Apure, periodistas fueron hostigados, obligados a mostrar credenciales o se les impidió cubrir la jornada. La periodista Beatriz Adrián también “fue blanco de hostigamiento verbal tras reportar baja participación electoral”.
Represión se extendió después de las elecciones
La ONG destacó que el pasado 26 de mayo, el ministro de Interior y justicia, Diosdado Cabello, acusó públicamente a Provea, Foro Penal y otras ONG de formar parte de una presunta “estructura terrorista”.
Cabello, a través de su programa de televisión, advirtió que cualquier persona que denunciara violaciones a los derechos de detenidos sería “llevada en silencio”, lo que Espacio Público considera parte de un patrón sistemático “de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil” para desalentar la denuncia pública.
“El mes cerró con un clima de intimidación generalizada, censura y amenazas constantes hacia quienes informan, denuncian o ejercen activismo en defensa de derechos”, advirtió la ONG. La criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de garantías jurídicas reflejan —según el informe— el grave “retroceso democrático que atraviesa Venezuela”.
