Muere bajo custodia del Estado preso político Jesús Martínez Medina

El preso político Jesús Martínez Medina, detenido arbitrariamente el 29 de julio en Anzoátegui, falleció este jueves debido a complicaciones de salud que empeoraron bajo la custodia del Estado.

La información fue confirmada por VPItv a través de fuentes en Anzoátegui. Martínez padecía diabetes tipo II, insuficiencia cardíaca y una grave infección en una de sus piernas. Fue arrestado en el sector plaza El Carmen, en el municipio Aragua, un día después de haber actuado como testigo de mesa en las elecciones presidenciales.

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Bajo custodia, su condición de salud se deterioró rápidamente en una sede policial en Lechería, donde desarrolló abscesos en la piel que se infectaron, sin recibir la atención médica necesaria, según denunció el abogado Zair Mundaray el pasado viernes. «Nunca le prestaron atención médica hasta que se le infectó toda la pierna», afirmó el jurista en sus redes sociales.

El abogado también reveló que, a pesar de la necesidad urgente de realizarle un eco para evaluar una posible amputación de la pierna, un juez no firmó la orden para su traslado al hospital, lo que retrasó el procedimiento. «Su madre estuvo en tribunales en Barcelona y le dijeron que tenía que hacer gestiones en Caracas», añadió Mundaray.

Organizaciones sociales y políticas advertían su situación

Organizaciones políticas como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y sociales como la ONG Una Ventana a la Libertad advirtieron sobre la gravedad del caso, subrayando que la falta de atención médica dentro de los centros de detención «visibiliza trágicamente» las consecuencias para los detenidos.

Según relató la ONG, la madre de Martínez había solicitado su traslado a un hospital un mes antes de su trágico fallecimiento, pero la falta de acción por parte de las autoridades agravó su condición. Durante esta semana fue finalmente trasladado al Hospital Luis Razetti de Barcelona, donde su estado de salud se complicó aún más.

“Exigimos justicia, atención médica inmediata a los detenidos y libertad. Negar atención médica oportuna es una clara violación a los DDHH y conlleva responsabilidad individual para quien debe brindarla”, denunció en sus redes sociales en su momento la PUD.

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