Representantes de organizaciones defensoras de migrantes en Estados Unidos, que forman parte de la Alianza Nacional del TPS, rechazaron el fallo de la Corte Suprema que avala la decisión de la administración de Donald Trump de eliminar las protecciones migratorias del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos.
Las reacciones se centraron en el impacto que tendrá esta medida sobre miles de familias que no pueden regresar a Venezuela debido a la crisis política y humanitaria. “Es un día muy triste, la lucha continúa. No nos esperábamos que la corte tomara esa decisión, sabemos que tendrá un impacto negativo”, lamentó Marta Arevalo, directora ejecutiva de CARECEN, al tiempo que envió un mensaje de respaldo a los afectados: “Vamos a seguir trabajando y peleando por todos ustedes”.
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Desde el Venezuelan American Caucus (VAC), Adelys Ferro, también manifestó su frustración por el fallo. “Hoy es un día muy triste, no puedo describir lo que siento, aunque sabíamos que era una posibilidad”, dijo. Subrayó que han dado la batalla “con los mejores abogados contra el odio, el racismo de la administración del presidente Trump”, y aseguró que la lucha apenas comienza. “No están solos, la casa de todos es aquí, especialmente a quienes no pueden regresar a Venezuela por la persecución del régimen de Nicolás Maduro”, dijo.
Cecilia González Herrera, una de las demandantes venezolanas en el caso, advirtió sobre el daño que esta decisión generará a miles de personas. “El TPS fue creado para proteger a quienes no pueden volver a casa de manera segura, y una vez más esta administración busca romper eso”, afirmó. Destacó además que los venezolanos en EE. UU. “no somos criminales, somos estudiantes, empresarios, profesores, gente honesta y sobrevivientes que quieren vivir con tranquilidad”.
El abogado litigante Ahilan Arulanantham, quien representa a beneficiarios del TPS, calificó el fallo como devastador. “Parece ser la orden más grande en la historia moderna en los Estados Unidos. Para mí es terrible, son 350 mil personas perjudicadas”, sostuvo, y añadió que el equipo legal se reunirá para evaluar nuevas estrategias de defensa. “Hoy es un día malo, es muy triste lo que ha hecho la Corte”, concluyó.
Pese al revés legal, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) mantienen su compromiso con los migrantes. Emi MacLean, abogada de la sede norte de California, aseguró que continuarán “defendiendo los derechos de las personas afectadas por las decisiones ilegales de esta administración”. Por su parte, Jessica Bansal, de la oficina del sur de California, indicó que el litigio aún no ha terminado y que seguirán “la lucha en la corte para proteger a todos los beneficiarios del TPS”.






