El gremio de intelectuales del país, calificó la detención del concejal Fernando Albán como arbitraria, por lo que indicaron que desde ese momento iniciaron las violaciones a sus derechos humanos y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República.
Igualmente, rechazaron las versión oficiales de provenientes del Ministerio de Interior Justicia y Paz, así como de la Fiscalía General, en la que sin investigación y pruebas previas se alegaba como motivo del deceso el suicidio espontáneo.
Elevaron la necesidad imperiosa de una investigación sería, transparente, imparcial e independiente, bajo estándares internacionales. Asimismo, exigieron al Ejecutivo a mantener un trato digno con cada una de las personas que sean detenidas para que sus derechos humanos y constitucionales no sean vulnerados.
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