Las propuestas sobre la reforma del sistema público de pensiones que se mantienen en la mesa de discusión en el Congreso, es otro dolor de cabeza en España. La tensión va en aumento y el punto principal es la posible ampliación de 25 a 35 años del periodo de cálculo de la pensión.
La idea llevó a que el grupo Podemos advirtiera convocar una huelga general si esta modificación del número de años para calcular la pensión se aprueba.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, compareció esta semana en el Congreso y no encontró mayor apoyo para la propuesta, por el contrario surgió la amenaza de huelga.
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El tema es ciertamente polémico porque desde el año 2011 las cuentas de la Seguridad Social están en números rojos. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Seguridad Social presenta a corto plazo un déficit estructural originado por la crisis de 2007, que se mantendrá en ausencia de nuevas medidas en torno a un 1,3 % o un 1,5 % del PIB, entre 15.000 y 18.000 millones de euros.
Por eso es que para corregirlo, el organismo ha propuesto retrasar la edad efectiva de jubilación, de 62,4 años hasta los 66 años, y aumentar la edad de cotización de 25 a 35 años, lo cual supondría un ahorro de 1,4 puntos del PIB en el 2050, según el documento técnico presentado al Congreso de los Diputados por su presidenta, Cristina Herrero.
