Desde hace 30 días, la feroz pelea entre el Gobierno y la oposición tiene un ring delimitado: la Asamblea Nacional (AN). Tras años de enfrentamientos en los medios de comunicación y en la calle, desde hace un mes el conflicto se introdujo en el Estado, que dejó de ser el bloque monolítico pintado de rojo que erigió Hugo Chávez, publica Infobae.
Las elecciones del 6 de diciembre de 2015 le otorgaron las dos terceras partes de los diputados a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y obligaron al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a conformarse con un modesto tercio. El nuevo cuerpo asumió el 5 de enero. Ese mismo día, el chavismo la marcó la cancha a sus rivales. Con el argumento de un fraude poco creíble, suspendió la asunción de los cuatro legisladores del estado de Amazonas, de los cuales tres son de la MUD y sólo uno del PSUV. Así le quitó, por ahora, las potestades especiales que da la mayoría calificada de dos tercios.
Para dar ese golpe contó con la ayuda de un aliado inestimable, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dictó el fallo que impidió la asunción de los diputados. Diez días antes de que cambiara la composición de la AN, el Gobierno había impuesto su moribunda mayoría para nombrar a 13 nuevos jueces de la corte. Todos ellos, claramente identificados con el oficialismo.
Las primeras medidas de la oposición en la AN
La MUD reaccionó rápido de esa derrota inicial. Desde el día uno empezó a tomar decisiones siguiendo dos ejes bien claros: controlar los desbordes de poder del Gobierno, y mostrar que puede propiciar acciones que beneficien a la población. Para lo primero, usó su potestad de interpelar a funcionarios del Poder Ejecutivo, y convocó a varios de ellos a rendir cuentas de sus actos ante la AN. Casi ninguno se animó a asistir, lo que fue un éxito para la oposición.
En el campo de medidas para modificar las condiciones de vida de la gente, impulsó una que tocó el corazón del esquema clientelar del chavismo: entregarle el título de propiedad a los beneficiarios de viviendas sociales. Así, ya no podrían ser extorsionados políticamente con la amenaza de quitarles la casa en caso de que se nieguen.
“Hay otra iniciativa que me parece arriesgada, pero interesante, que es la de extender el bono de alimentación a jubilados y pensionados. Implica un enorme gasto fiscal, y el proyecto de ley no aclara de dónde saldría el financiamiento. Es una medida que puede ser populista, pero para la gente significaría un pequeño alivio. Si el Gobierno o el TSJ se opusieran, habría muchas chances de cuestionar su legitimidad”, explicó Luis Gómez Calcaño, profesor emérito del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.
