Llegó el día. La esperanza para los presos políticos del país se expone hoy en el seno de la Asamblea Nacional (AN). La mayoritaria fracción parlamentaria de la oposición presenta hoy la ley de Amnistía, pese a la advertencia del presidente Nicolás Maduro de vetarla.
La sesión ordinaria comenzará a las 11 de la mañana, según informó el secretario de la AN, Roberto Marrero.
La amnistía no es más que la eliminación de la responsabilidad penal de un delito y concierne directamente al Poder Legislativo. El jefe de Estado dijo que está dispuesto a vetar uno de los proyectos bandera de la oposición en el Parlamento, pese a que el artículo 187 de la Constitución establece que la AN es el ente al que le corresponde decretar amnistías.
El proyecto legislativo se presenta ante al hemiciclo de manos de la comisión especial designada para su estudio, todo en base a las propuestas hechas por elForo Penal Venezolano y un grupo de abogados expertos en materia de derechos humanos.
La AN recibió cuatro propuestas que se unificaron en un solo proyecto para su presentación final, según adelantó Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD el pasado martes.
Gonzalo Hiomiob Santomé, director del Foro Penal y equipo redactor del proyecto, dijo que la ley beneficiaría “muchísimos” casos. Recalcó que están integrados los casos emblemáticos de los presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y los inhabilitados por la Contraloría General de la República.
En entrevista con La Verdad, refirió que el instrumento legal toma en cuenta a todos los apresados durante las protestas recientes en el país. Agregó que que tan solo en materia penal, el proyecto considera entre cinco y seis mil casos, esto sin tomar en cuenta los relacionados a persecución laboral y administrativa.
Apuntó que únicamente con el paro cívico nacional de 2002 evalúan la situación de un promedio de 20 mil trabajadores que fueron despedidos de Petróleos de Venezuela.
Himiob dijo que quienes quedan exentos del beneficio de la amnistía, son aquellos incursos en delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad, actos de genocidio y personas condenadas.
